El fiscal Mario Iguarán declaró insubsistente al fiscal Jorge Iván Piedrahíta, de la Unidad contra el Terrorismo, que había pedido listas de todos los estudiantes y docentes de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el Sena para investigarlos.
A esa exagerada decisión del fiscal Piedrahita se suma otra muy parecida que tomó esta semana, cuando ordenó interceptar los correos electrónicos de varias ONG internacionales. Ambas disposiciones son las principales causales de su destitución.
La orden de pedirles a aquellas universidades las bases de datos completas de su planta estudiantil y docente fue escándalo hace apenas dos semanas. Piedrahíta quería que aquellas instituciones educativas le entregaran a la Dijín “copia en medio magnético de la base de datos de la planta estudiantil y docente desde el año 1992 hasta 2008 a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen vinculadas dentro del proceso investigativo como miembros de grupos al margen de la ley”.
Pero luego el funcionario explicó que la orden se dio para verificar si a esas universidades pertenecían 55 personas mencionadas en una memoria USB hallada en un campamento de las Farc en febrero. Según dijo, los guerrilleros tenían unas hojas de vida muy completas de estudiantes y académicos que, según los archivos, constituían la oficina de recursos humanos de esa guerrilla.
Y aunque pidió disculpas públicas a los integrantes de las universidades, los rectores entendieron la solicitud como una persecución. Bastaba con enviar derechos de petición a cada universidad preguntando específicamente si esas 55 personas estudiaban o trabajan allí, mas no solicitar la base de datos completa, según explicaron juristas y rectores en aquel momento.
Pese a que los motivos principales de la destitución del fiscal Piedrahíta fueron aquellas órdenes de investigar a estudiantes, académicos y ONG, su proceder ha recibido más cuestionamientos.
En una columna publicada en SEMANA el 15 de noviembre de 2008 titulada ‘Un fiscal de camuflado’, Daniel Coronell contó una preocupante anécdota ocurrida en los últimos días del año 2005, en el municipio de Cabrera, Cundinamarca.
“Nidia Nery Delgado asegura que un grupo de militares allanó su casa, buscando guerrilleros. A la cabeza de la operación estaba el fiscal Jorge Iván Piedrahíta. Según la testigo, el funcionario judicial estaba "vestido con prendas militares, una pistola, botas militares y llevaba una subametralladora". Lo único sospechoso que los uniformados encontraron en la casa fueron varias medallas que Nidia Nery y sus hermanos habían ganado en la escuela. Al fiscal se le ocurrió que podían ser condecoraciones de la guerrilla”, relata el columnista.
Según Coronell, un albañil de ese mismo pueblo corrió con una suerte parecida a la de Nidia. Se trata de Jaime Zambrano, integrante de la UP, que fue capturado por el Ejército acusado de pertenecer a la guerrilla.
De acuerdo con el testimonio que cita el columnista, a Zambrano le pidieron declarar en contra de la familia de Nidia y cuatro personas más que él no conocía. Cuando lo llevaron donde el fiscal Piedrahita, el albañil dijo que los militares lo habían presionado para declarar en contra de esas personas, de las cuales él no podía decir nada.
“La reacción del fiscal, según Zambrano, fue llamar al militar que había remitido al detenido y decirle:
—Para qué me hacen perder tiempo con este pingo. Llévenlo, pélenlo y háganle lo que quieran.
Zambrano asegura que, asustado por esas palabras, empezó a gritar y a correr hacia la puerta. Dice que se salvó de "la pelada" porque unos vecinos lo vieron”, cuenta Coronell en su columna.
Al poco tiempo, la familia de Nidia y Zambrano fueron librados de cualquier cargo y salieron de la cárcel, pero tuvieron que irse de Cabrera por amenazas de paramilitares.
Pese a la destitución de Piedrahíta, las investigaciones contra algunos estudiantes y docentes continúan. La Fiscalía anunció que ratifica la detención de María Antonia Espitia, ex universitaria; Reyes López Ipayú, estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá; William Javier Díaz, docente de la Universidad Distrital de Bogotá, y Carlos Andrés Cifuentes.
Estas cuatro personas fueron detenidos el 13 de noviembre y enfrentan cargos por supuestamente haber cometido el delito de rebelión como presuntos integrantes de las Farc. Sus hojas de vida aparecen en la memoria hallada en el campamento de las Farc.
Maria Antonia Espitia, le dijo a la agencia de noticias AP que ella es desmovilizada del M-19 y que la única relación que tiene con la Academia fue un diplomado que hizo en la Universidad Javeriana y que sí tiene relación con la Universidad Distrital, pero por medio de sus hijos, que estudian allá.
A otras siete personas les cerraron investigaciones por los mismos hechos y hay 53 prófugas.
Eso quiere decir que el caso de las personas que hacen parte de la academia sí se puede investigar, pero con prudencia y sin generalizar sobre los supuestos vínculos de estudiantes y docentes con grupos al margen de la ley.
